El pasado miércoles 19 de Enero la reforma de la ley electoral pasó en el Senado el último trámite para su aprobación. Metidos como estábamos en la polémica sobre el uso en la Cámara Alta de traductores de las lenguas cooficiales, esta aprobación no se reflejó en los medios de comunicación y pasó totalmente desapercibida para el ciudadano.
Realmente el cambio realizado no es una verdadera reforma (bien podría llamarse no-reforma) y no coincide con las recomendaciones dadas por el Consejo de Estado. No corrige las injusticias de la anterior ley que hacen que el voto de un ciudadano español no valga lo mismo independientemente de en qué lugar de España vote y en qué partido deposite su confianza. De esta manera se falta a uno de los principios básicos en los que se debe fundamentar toda democracia. El de “un hombre un voto”.
Los principales beneficiados de la redacción actual de la ley son el PP y PSOE, partidos que están sobrerrepresentados gracias a ella. Igualmente sacan gran provecho los partidos nacionalistas, quienes pueden hacer con facilidad el papel de bisagras y condicionar la gobernabilidad del país. Se entiende que ni los dos grandes partidos nacionales ni las formaciones nacionalistas vayan a hacer nada por cambiar la norma.
Por el contrario, los grandes perjudicados son los terceros partidos nacionales como Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia o cualquier otra formación de carácter nacional que quiera concurrir a unas elecciones generales. Se da la circunstancia de que con casi 200.000 votos más IU consiguió 9 escaños menos que CiU en las generales de 2008. Igualmente UPyD, con unos pocos votos más que el PNV, se quedó con 5 diputados menos.
Resulta paradójico que la ley electoral sea uno de los asuntos que más preocupa a los españoles (ocupa muchas charlas de café y debates políticos), pero luego esos mismos españoles se empeñan en votar a partidos que no van a mover un dedo por cambiarla. Si un votante piensa que la reforma de la ley electoral es una cuestión importante, debería dejar de plantearse votar al PP o al PSOE (incluso en estas próximas elecciones municipales y autonómicas). Si los dos grandes partidos nacionales siguen recibiendo el respaldo de los votantes, pensarán que lo están haciendo bien y no cambiarán nunca su posición en este tema.
En el Reino Unido, los Liberal Demócratas pusieron como condición para el pacto de Gobierno con el Partido Conservador la reforma de ley electoral de su país. UPyD ha planteado algo parecido. No pactará gobierno autonómico o alcaldía alguna con ninguna fuerza política que no apoye la reforma de la ley electoral.
Hoy por hoy, la única posibilidad real de que se reforme de forma justa la ley electoral es votar a Unión Progreso y Democracia.
Nos leemos.
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