Este martes 14 de Diciembre, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno ha aprobado solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 15 de Enero. La propuesta con toda seguridad saldrá adelante puesto que cuenta con el apoyo de CiU, PNV y CC.
No se puede obviar que la situación creada por los controladores, con el abandono masivo y coordinado de sus puestos de trabajo, es del todo inaceptable. Los ciudadanos esperamos que se tomen las medidas disciplinarias que sea menester y que se despida a quien se tenga que despedir. Sin excusas, los responsables deben ser castigados.
Ahora bien, la constitucionalidad y la legalidad (tanto de la declaración de alarma como de su prórroga) están en entredicho. Tras el anuncio de extensión hecho por el Gobierno muchos se plantean sino se trata de un estado de alarma preventivo. Lo que se está haciendo no es declarar la alarma como reacción a una situación excepcional, sino que se continúa con ella porque se sospecha que la situación puede repetirse.
Además; resulta preocupante que aunque muchos reconocen que la constitucionalidad de la actuación es dudosa, la aprueban sin paliativos. Justifican la posible inconstitucionalidad amparándose en que no se puede permitir que un colectivo privilegiado paralice el país con su negociación colectiva. Están asumiendo con descaro que se puede violar la ley y la Constitución (y vulnerar ciertos derechos) si la situación así lo aconseja.
Sobre todo es alarmante que esta actitud se dé entre nuestros diputados y miembros de nuestro Gobierno, quienes en teoría deberían velar por el escrupuloso cumplimiento de la ley y la Constitución. Aunque realmente tampoco es de extrañar puesto que muchos llevan años tratando de saltarse la Constitución aprobando por la puerta de atrás unas reformas de la Carta Magna encubiertas como son los nuevos Estatutos de Autonomía.
Aunque a muchos les pese, los controladores son trabajadores con convenio aprobado y ningún trabajador tiene que negociar sus condiciones de trabajo en estado de alarma. ¿Se actuaría igual si en vez de ser controladores se tratase de otro colectivo? En los últimos meses se está viviendo una subida espectacular del precio de la gasolina y en breve se podrían alcanzar máximos históricos. Si los transportistas deciden ponerse de huelga, no respetar los servicios mínimos y colapsar las carreteras; el país se paralizaría en mucha mayor medida que con la mal llamada huelga de controladores. En ese caso, ¿decretaría el Gobierno el Estado de Alarma y militarizaría el transporte por carretera?
La opinión pública está de acuerdo en que la actuación de los controladores no se puede tolerar y que sus privilegiadas condiciones de trabajo y su sueldo deben ser revisados. Pero se está creando un peligroso precedente. El fin no justifica los medios si se vulnera la ley.
Nos leemos.
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